Entradas

Por: Loleta Linares

 

En la era digital, los delitos cibernéticos han evolucionado, siendo el phishing y el smishing dos de las tácticas más comunes empleadas por los criminales para engañar a las personas y obtener acceso a información confidencial. Mientras que el phishing generalmente involucra el envío de correos electrónicos fraudulentos que buscan engañar a las víctimas para que proporcionen datos personales, el smishing utiliza mensajes de texto con el mismo fin.

Los bancos tienen un papel fundamental en la prevención de estos fraudes. La ley les exige salvaguardar la información de sus usuarios, pero la realidad muestra que el fraude telemático sigue siendo un problema creciente. La tendencia de los bancos a culpar a las víctimas por negligencia omite un hecho crucial: la protección de datos es una responsabilidad que recae principalmente sobre las entidades bancarias.

Muchas brechas de seguridad provienen de vulnerabilidades en los sistemas bancarios o de técnicas que explotan fallos humanos. Esto subraya la importancia de que los bancos adopten medidas proactivas, como mejorar su tecnología de seguridad, educar a clientes y empleados sobre los riesgos del fraude cibernético, y responder eficientemente ante incidentes de seguridad.

En este sentido, el Real Decreto Ley 19/2018, de 23 de noviembre, regula la responsabilidad de las entidades financieras y establece medidas de seguridad y protección para los usuarios de servicios de pago, como sistemas de autentificación de alta seguridad, supervisión continua de las transacciones con el objeto de detectar y prevenir actividades fraudulentas y campañas de información a los clientes.

Nuestro enfoque legal se centra en defender a los afectados por estos fraudes, especialmente cuando los bancos eluden su responsabilidad. Es esencial que la legislación refleje las necesidades del entorno digital actual, obligando a las entidades bancarias a proteger activamente a sus clientes. La lucha contra el fraude cibernético requiere un esfuerzo conjunto y una responsabilidad compartida para mantener la confianza en el sistema financiero.

Reflejo de un cambio de paradigma, la jurisprudencia española se inclina cada vez más hacia la defensa del consumidor, subrayando la obligación de los bancos de asegurar un entorno seguro. Este panorama judicial no solo reafirma la importancia de las medidas de seguridad establecidas por el Decreto Ley 19/2018, sino que también subraya la necesidad de un compromiso inquebrantable con la seguridad digital.

Call Now Button