Por Loleta Linares

 

¿Qué está pasando con el cártel de coches?

En los últimos años, varias marcas de automóviles han sido investigadas y sancionadas por prácticas anticompetitivas, específicamente por intercambiar información confidencial que afectaba los precios de los coches nuevos en España. Este tipo de prácticas no solo es ilegal, sino que también perjudica directamente a consumidores como tú, que terminan pagando precios inflados por sus vehículos.

¿Cómo están respondiendo los tribunales?

Los tribunales en España están tomando una postura firme contra estas prácticas anticompetitivas. En varios casos recientes, los jueces han reconocido que los consumidores afectados por el cártel deben recibir una compensación por el daño económico sufrido. Se está estableciendo un precedente importante, donde se reconoce una indemnización mínima del 5% sobre el precio de compra del coche, marcando un camino esperanzador para aquellos que buscan justicia.

¿Qué significa esto para ti?

Si compraste un coche nuevo entre febrero de 2006 y julio de 2013, podrías tener derecho a reclamar una indemnización que compense parte del sobreprecio que pagaste. Este reconocimiento judicial abre la puerta para que consumidores como tú puedan recuperar una parte significativa de su inversión.

Pasos a seguir:

  1. Consulta con nuestro despacho: Obtendrás asesoramiento legal para entender mejor tus derechos y evaluar la viabilidad de tu caso.
  2. Reúne tus documentos de compra: Prepara todos los documentos relacionados con la compra de tu vehículo, como factura y ficha técnica.
  3. Procede a demandar con nosotros: Si la respuesta del Servicio de Atención al Cliente que interponemos nosotros, no es satisfactoria, demandamos en tu nombre. Nos ocupamos de todo el proceso legal para asegurarte la compensación justa por las prácticas anticompetitivas que pudieron afectar tu compra. Estamos aquí para defender tus derechos de manera efectiva y eficiente.

Conclusión

La posibilidad de que los tribunales otorguen una indemnización mínima del 5% sobre el precio de compra de tu coche es una noticia alentadora para los consumidores afectados por prácticas anticompetitivas. Si crees que has sido perjudicado por el cártel de coches, ahora es un buen momento para explorar tus opciones legales y reclamar lo que justamente te corresponde.

Por: Loleta Linares

 

La comisión de apertura en los préstamos hipotecarios ha sido objeto de numerosos debates legales y financieros en España, especialmente con las recientes decisiones judiciales que apoyan la posibilidad de su reclamación por parte de los consumidores. Estas decisiones subrayan la necesidad de que los bancos justifiquen adecuadamente las comisiones cobradas, alineándose con las directrices de protección al consumidor de la Unión Europea. Aquí exploramos la legalidad de estas comisiones y cómo puedes reclamarlas.

¿Qué es la Comisión de Apertura?

La comisión de apertura es un cargo que los bancos aplican al conceder un préstamo hipotecario, supuestamente para cubrir los gastos administrativos relacionados con la preparación y concesión del préstamo. Este cargo se calcula como un porcentaje del importe total del préstamo y se paga al formalizar la hipoteca.

Jurisprudencia Relevante

Una sentencia clave en este ámbito es la emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 16 de julio de 2020, en los casos C-224/19 y C-225/19. Esta sentencia establece que las comisiones de apertura solo son justificables si el banco puede demostrar que corresponden a servicios realmente prestados y a gastos efectivamente incurridos. De lo contrario, dichas comisiones pueden considerarse abusivas, creando un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que es contrario a las exigencias de buena fe.

Cómo Reclamar la Comisión de Apertura

Si te han cobrado una comisión de apertura, seguiremos los siguientes pasos para reclamarla:

  1. Revisión del Contrato: Comprueba si te aplicaron comisión de apertura en tu contrato de hipoteca.
  2. Reclamación al Banco: Presentamos una reclamación formal a tu banco, solicitando la devolución de la comisión con base en la falta de justificación de los servicios por los que fue cobrada.
  3. Vía Judicial: Si el banco rechaza tu reclamación o no responde satisfactoriamente, procedemos a demandar basándonos en la jurisprudencia del TJUE.

Conclusión

Las recientes sentencias han abierto la puerta para que los consumidores reclamen con más fundamento las comisiones de apertura de sus préstamos hipotecarios. La clave está en que estas comisiones no corresponden a servicios reales ni a gastos necesarios ya que estas gestiones son inherentes al proceso de concesión de préstamos. Si te encuentras en esta situación, contacta con nuestro despacho para iniciar el proceso de reclamación.

Por: Loleta Linares

 

En la era digital, los delitos cibernéticos han evolucionado, siendo el phishing y el smishing dos de las tácticas más comunes empleadas por los criminales para engañar a las personas y obtener acceso a información confidencial. Mientras que el phishing generalmente involucra el envío de correos electrónicos fraudulentos que buscan engañar a las víctimas para que proporcionen datos personales, el smishing utiliza mensajes de texto con el mismo fin.

Los bancos tienen un papel fundamental en la prevención de estos fraudes. La ley les exige salvaguardar la información de sus usuarios, pero la realidad muestra que el fraude telemático sigue siendo un problema creciente. La tendencia de los bancos a culpar a las víctimas por negligencia omite un hecho crucial: la protección de datos es una responsabilidad que recae principalmente sobre las entidades bancarias.

Muchas brechas de seguridad provienen de vulnerabilidades en los sistemas bancarios o de técnicas que explotan fallos humanos. Esto subraya la importancia de que los bancos adopten medidas proactivas, como mejorar su tecnología de seguridad, educar a clientes y empleados sobre los riesgos del fraude cibernético, y responder eficientemente ante incidentes de seguridad.

En este sentido, el Real Decreto Ley 19/2018, de 23 de noviembre, regula la responsabilidad de las entidades financieras y establece medidas de seguridad y protección para los usuarios de servicios de pago, como sistemas de autentificación de alta seguridad, supervisión continua de las transacciones con el objeto de detectar y prevenir actividades fraudulentas y campañas de información a los clientes.

Nuestro enfoque legal se centra en defender a los afectados por estos fraudes, especialmente cuando los bancos eluden su responsabilidad. Es esencial que la legislación refleje las necesidades del entorno digital actual, obligando a las entidades bancarias a proteger activamente a sus clientes. La lucha contra el fraude cibernético requiere un esfuerzo conjunto y una responsabilidad compartida para mantener la confianza en el sistema financiero.

Reflejo de un cambio de paradigma, la jurisprudencia española se inclina cada vez más hacia la defensa del consumidor, subrayando la obligación de los bancos de asegurar un entorno seguro. Este panorama judicial no solo reafirma la importancia de las medidas de seguridad establecidas por el Decreto Ley 19/2018, sino que también subraya la necesidad de un compromiso inquebrantable con la seguridad digital.

Por Loleta Linares

Las tarjetas revolving, en esencia, ofrecen la posibilidad de aplazar pagos mediante cuotas mensuales, diferenciándose así de las tarjetas de crédito estándar que exigen un pago total mensual. Esta flexibilidad viene acompañada de intereses, a menudo superiores al promedio del mercado, que pueden conducir a un ciclo prolongado de deuda para el usuario. Este mecanismo, si bien promueve un esquema de «pago cómodo», a menudo conduce a un ciclo de sobreendeudamiento debido a la capitalización de intereses.

Fundamentos para la Reclamación

Recientes resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han modificado significativamente el enfoque regulatorio aplicable a las tarjetas revolving. Estas decisiones judiciales se centran en dos pilares esenciales para fundamentar cualquier reclamación: la usura y la transparencia contractual, estableciendo criterios claros para la evaluación y protección de los derechos de los consumidores en este ámbito.

Usura: La jurisprudencia define como usurario cualquier tipo de interés que exceda significativamente el promedio del mercado, estableciendo un umbral específico de seis puntos porcentuales sobre la TAE media del Banco de España para estos productos. Este criterio jurídico permite argumentar la nulidad del contrato por usura cuando los intereses aplicados superan dicho margen​​.

Falta de Transparencia: La normativa vigente exige claridad en la comunicación de los términos contractuales, especialmente en lo que respecta al cálculo de intereses y al sistema de amortización del préstamo. Una deficiencia en este aspecto puede resultar en la declaración de nulidad del contrato por vulneración del principio de transparencia, crucial para el consentimiento informado del consumidor​.

Servicios de Gavín & Linares

Nuestro despacho, líder en la defensa de los derechos de consumidores y usuarios financieros, ofrece una gestión integral de reclamaciones de tarjetas revolving, incluyendo Evaluación Jurídica Detallada y Representación Legal Especializada.

 

Por Loleta Linares

 

Los contratos simulados que enmascaran préstamos usurarios adoptan diversas formas, aprovechando la urgente necesidad de liquidez de las personas, especialmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad económica que no tienen acceso a financiación tradicional a través de entidades bancarias. Estas prácticas, dirigidas a los sectores más desfavorecidos, se disfrazan de soluciones financieras inmediatas pero esconden condiciones leoninas que pueden llevar a los consumidores a una trampa de deuda de la que es difícil escapar. Veamos cómo se traduce esto en los siguientes ejemplos:

Préstamo por tu coche: En este supuesto, muchas personas caen en la trampa creyendo que están poniendo su coche como garantía de un préstamo, cuando en realidad, desde el momento de la firma, transfieren la propiedad del vehículo al prestamista. Lo que muchos consideran cuotas mensuales para amortizar el préstamo, en realidad solo son pagos por el alquiler del uso del coche. El esquema se complica aún más por el hecho de que, para recuperar la propiedad del vehículo, el consumidor debe desembolsar una suma mucho mayor a la prestada. La situación se vuelve dramática cuando, al fallar en el pago de una sola cuota, el prestamista procede a retirar el vehículo con grúa, utilizando localización GPS para encontrarlo, llegando incluso a denunciar al prestatario por apropiación indebida, en caso de no poder retirar el vehículo.

Dinero por tus joyas: En este caso, el contrato implica que, ante el incumplimiento del pago, el prestamista adquiere automáticamente la propiedad de las joyas entregadas como garantía ya que el contrato incluye cláusulas de «pacto comisorio», lo que significa que si el prestatario falla en el pago, perderá automáticamente sus joyas, independientemente del valor que estas tengan en relación con la cantidad del préstamo.

Dinero por la opción de compra de un inmueble: Aquí, el prestamista ofrece dinero a cambio de la opción de compra sobre un inmueble, presentándolo como una oportunidad para el propietario de solucionar rápidamente sus problemas financieros. Sin embargo, el contrato establece intereses y condiciones tan gravosas que, al no poder cumplir con ellos, el prestamista acaba adquiriendo la propiedad a un precio mucho menor al de mercado.

Así, estas prácticas vulneran principios básicos del derecho, como la prohibición del pacto comisorio establecida en el artículo 1859 del Código Civil, que dice: «El acreedor no puede apropiarse las cosas dadas en prenda o hipoteca, ni disponer de ellas».

Para concluir, los contratos simulados que ocultan préstamos usurarios representan un desafío significativo tanto para los consumidores como para el marco legal que los protege. Es vital que los afectados busquen asesoramiento y denuncien estas prácticas para evitar caer en trampas que pueden tener consecuencias devastadoras en su estabilidad económica y bienestar

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